A raíz de la crisis financiera de 2008 y la consiguiente caída mundial de la demanda interna y, por ende, de los precios al consumo, la capacidad del Gobierno del Primer Ministro Shinzo Abe para superar la recesión económica se ha puesto a prueba. Paralelamente, han surgido una serie de cambios demográficos tales como el decrecimiento y el envejecimiento de la población japonesa, que han provocado la disminución de la fuerza laboral del país, afectando el ciclo productivo de la economía. En un contexto de incertidumbre surgen nuevos debates en torno a la migración, un tema sensible para la sociedad en Japón, tanto desde una perspectiva de solución al relativo estancamiento económico y demográfico como desde una visión más amplia sobre el futuro del país en el contexto internacional.