Contexto Internacional

Históricamente la Iglesia católica ha desempeñado un papel relevante en los asuntos internacionales en vista de que cuenta con seguidores en prácticamente todos los países del orbe. Sin embargo, fue hasta el siglo XX, por medio de los Tratados de Letrán entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede (1929), que se establecieron con claridad los derechos y prerrogativas de ésta en el ámbito del derecho internacional público. A partir de entonces, la participación de los papas en la política internacional se ha institucionalizado al punto que hoy la Santa Sede detenta el carácter de observador permanente en diversos organismos internacionales y tiene relaciones diplomáticas formales con 180 países a nivel mundial, incluso con varios cuya población no es mayoritariamente católica.

Al respecto, vale la pena destacar el caso de Palestina. El 13 de mayo pasado, y previo a un encuentro bilateral entre el papa Francisco y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, el 16 de mayo, el Servicio de Información del Vaticano (SIV) anunció la conclusión de un acuerdo bilateral donde se reconoce explícitamente la existencia de un Estado palestino. El instrumento es resultado de más de 15 años de negociaciones entre ambas partes, y será sujeto a la firma y aprobación de éstas en el transcurso de los próximos meses. Si bien la Santa Sede, durante el papado de Benedicto XVI, había apoyado la resolución de Naciones Unidas que reconocía a Palestina como Estado, el acuerdo en cuestión representa un refrendo explícito de dicho reconocimiento internacional, asunto que atrajo los reflectores internacionales en el transcurso de la semana pasada, y que provocó una reacción verbal inmediata por parte de Israel.

Desde su regreso al poder en diciembre de 2012, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, mostró interés en recuperar el protagonismo del país en la escena regional e internacional de la mano de una economía sólida, una diplomacia activa y el fortalecimiento de la seguridad nacional en el marco de su alianza con Estados Unidos. En ese sentido, una de sus principales propuestas ha sido reinterpretar el artículo 9º de la Constitución de 1947 —que prohíbe mantener un Ejército con potencial bélico y usar la fuerza para resolver controversias internacionales— ya que considera necesario reforzar la defensa nacional en un contexto regional marcado por disputas territoriales y el despliegue de poderío económico y militar de China y Corea del Sur.

Como se planteó en la nota de coyuntura “La reinterpretación del artículo 9º de la Constitución japonesa: Alcances y perspectivas del nuevo enfoque de defensa colectiva” del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques hace casi un año, el gobierno aprobó la reinterpretación del artículo 9º para contemplar el concepto de defensa colectiva, en contraste con la interpretación estricta original, que prohibía que las Fuerzas de Autodefensa de Japón (FAJ) entraran en combate, a menos que su propio territorio se viera amenazado. El anuncio del pasado 14 de mayo sobre la aprobación en el Gabinete de dos iniciativas de ley que buscan permitir a las FAJ ejercer el derecho a la autodefensa colectiva para proteger a sus aliados y desplegar tropas en el extranjero para apoyar operaciones de combate, son el primer paso para la materialización de dicha reinterpretación constitucional.

El pasado 13 de mayo del año en curso, la Comisión Europea presentó una nueva estrategia, la cual empezó a desarrollarse a principios de marzo, para atender el fenómeno migratorio en la región. Por su parte, la Agenda Europea de Migración plantea las medidas para desarrollar una respuesta inmediata ante coyunturas recientes, así como para establecer los pasos a seguir en los próximos años para el manejo de dicho fenómeno. En este sentido, su presentación resulta crucial en un contexto caracterizado por los trágicos eventos ocurridos en el Mediterráneo durante el mes de abril en los que más de 1,200 migrantes y personas en necesidad de protección internacional perdieron la vida en su intento por cruzar del norte de África a Europa cuando las embarcaciones en las que viajaban naufragaron. Aunado a lo anterior, actualmente existe un significativo desequilibrio en relación con la acogida de solicitantes de asilo entre los 28 países que conforman la Unión Europea. Lo anterior pone de relieve la necesidad de evaluar y mejorar el sistema de asilo europeo, así como de contar con canales para la migración regular, entre muchas otras medidas. Por último, el fenómeno migratorio se encuentra relacionado con otras prioridades, tales como la seguridad en las fronteras y la economía de los países europeos. Consecuentemente, las medidas contenidas en el documento de la Comisión, algunas de las cuales tendrán que ser aprobadas por la mayoría de los Estados Miembros de la UE para tener efecto, buscan plantear una respuesta integral a un fenómeno altamente complejo, como lo es la migración, mediante una amplia serie de acciones que, sin duda en algunos casos, generará divisiones entre los países que integran la Unión.

El pasado 11 de mayo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció cambios en 9 de los 23 Ministerios que conforman el Gabinete, en medio de una crisis política marcada por escándalos de corrupción que presuntamente involucrarían a algunos de sus familiares y ministros. Esta medida se produjo a 14 meses de que Bachelet asumiera su segundo periodo al frente de Chile (2014-2018) y se trata de los reemplazos más drásticos en el gobierno chileno desde la restauración de la democracia en 1990. Entre los ministros sustituidos destacan Rodrigo Peñalillo (Interior y Seguridad Pública) y Alberto Arenas (Hacienda), dos de los hombres de mayor confianza de la mandataria, quienes además fueron los estrategas políticos de su campaña y programa de gobierno para retornar al poder.

En el marco de una contienda muy competitiva, el pasado 7 de mayo se realizaron elecciones en el Reino Unido. Los resultados dieron una victoria electoral absoluta para el Partido Conservador, permitiendo al Primer Ministro David Cameron un segundo periodo de cinco años con mayoría en el Parlamento y sin necesidad de establecer alguna coalición. El resultado de estas elecciones ha tomado por sorpresa al país, a medios de comunicación y a actores internacionales, en virtud de que hasta el día de la contienda electoral las encuestas establecían un empate técnico entre conservadores y laboristas. Lo ajustado de las preferencias electorales, de acuerdo con sondeos de opinión, preveía también la necesidad de una negociación que permitiera gobernar a alguno de los partidos mayoritarios, tal como ocurrió en las elecciones de 2010. A partir del triunfo del Partido Conservador y de acuerdo con el protocolo político, el primer ministro británico visitó a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham para informarle del triunfo de la mayoría de las diputaciones en la Cámara de los Comunes.

Después de las elecciones legislativas del 17 de marzo pasado, en las que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu logró una sorprendente victoria, el 6 de mayo expiró la fecha límite -de un plazo máximo de 42 días- para que el líder del Likud formara coalición con otros partidos políticos y así dar inicio a un cuarto mandato al frente del gobierno. A pocos minutos del término plazo establecido por la legislación israelí y en medio de un ambiente político de ánimos exaltados, Netanyahu estableció el denominado “Gobierno 61” conformado por la unión de cinco partidos políticos: Likud, Kulanu, Hogar Judío, Shas y Judaísmo Unificado de la Torá. Si el acuerdo no se hubiera alcanzado, cabía la posibilidad de que el presidente Reuven Rivlin ofreciera la oportunidad al partido de la oposición, la Unión Sionista, de formar gobierno. Netanyahu ha declarado que próximamente propondrá al líder laborista de la Unión Sionista, Isaac Herzog, el Ministerio de Exteriores, con el objetivo de sumar el apoyo de los laboristas a la coalición. Por ahora, el primer inconveniente que enfrenta Netanyahu es que ha pospuesto la presentación de su gobierno, debido a la disputa que miembros de su partido enfrentan por presidir los ministerios de gobierno. En consecuencia, el primer ministro presentó una enmienda a la ley que permite al Ejecutivo designar de forma ilimitada el número de ministros y viceministros, para no perder la coalición, que aún se encuentra a debate. Esta nota de coyuntura analiza la nueva coalición de gobierno, las peticiones y concesiones a los partidos políticos que integran la coalición, las dificultades internas y externas a las que ya se enfrenta el primer ministro, y esboza un panorama tras la constitución del “Gobierno 61”.

El pasado 26 de abril, el Ejército de Nigeria anunció la liberación de por lo menos 700 personas en el marco de la contraofensiva lanzada a finales de febrero contra la organización terrorista Boko Haram. Entre los rescatados, destacan 200 niñas y 93 mujeres que se encontraban secuestradas en el bosque de Sambisa, uno de sus bastiones estratégicos, localizado en el estado de Borno, muy cerca de la frontera con Camerún. Sin embargo, las autoridades militares informaron que las personas liberadas no formaban parte del grupo de más de 200 niñas raptadas en abril de 2014 de una escuela de la localidad de Chibok, sino que provienen de Madagali, Damboa y Sumsiir1 . No obstante, la liberación de las 293 mujeres desató un clima de optimismo por el momento coyuntural clave en el que se produjo, luego de unas elecciones presidenciales pacíficas el mes pasado, y el lanzamiento de una ofensiva militar sin precedentes contra Boko Haram, que hasta el momento, ha rendido los frutos esperados, pues el Ejército recientemente informó que ha retomado el control de localidades estratégicas en Borno, Yobe y Adamawa, los estados con mayor presencia de esta organización.

El pasado 24 de abril, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras emitió un fallo que derogó el artículo 239º de la Constitución que prohibía la reelección presidencial desde 1982. Huelga recalcar que la ley señala también que "los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas", por lo que el fallo queda firme y los 128 diputados de 7 partidos políticos que conforman el Congreso Nacional no debatirán sobre el tema.

Es importante señalar que hace casi 6 años, el 28 de junio de 2009, el entonces presidente, Manuel Zelaya, fue separado de su cargo por una operación calificada por algunos como un golpe de Estado, luego de impulsar una consulta popular para reformar ese mismo artículo y permitir la reelección. Con esta nueva medida, el actual mandatario, Juan Orlando Hernández (2014-2018), como sus predecesores aún con vida, Porfirio Lobo (2010-2014), Roberto Micheletti (2009-2010), Ricardo Maduro (2002-2006), Carlos Flores (1998-2002), Rafael Callejas (1990-1994), Roberto Suazo (1982-1986), y el propio Manuel Zelaya (2006-2009), tendrán legalmente la posibilidad de contender por la presidencia para el periodo 2018-2022, en las elecciones generales programadas para el último domingo de noviembre de 2017.

La medianoche del 19 de abril del año en curso, el comandante del carguero portugués King Jacob emitió una señal de alarma al Centro Nacional de Socorro de la Guardia Costera italiana al observar un barco pesquero con dificultades para navegar. Dicha embarcación se encontraba en el mar Mediterráneo, cerca de las costas de Libia y a una distancia de poco más de 100 millas de Malta y de la isla italiana de Lampedusa. Los ocupantes del pesquero, al ver el carguero portugués, corrieron hacia un lado de la nave para pedir socorro ante lo cual el barco se volcó. Los esfuerzos de rescate permitieron salvar a 28 personas mientras que el número de fallecidos en esta catástrofe asciende a 800, convirtiéndola así en el incidente más trágico jamás registrado en el Mediterráneo.

El pasado 15 de abril, guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) emboscaron a un grupo de militares que realizaban operaciones de control en una zona rural del departamento de Cauca, en el suroeste del país. El saldo del ataque fue de 11 soldados muertos y 20 heridos, y el gobierno lo interpretó como una violación a la tregua que las FARC habían iniciado el 20 de diciembre de 2014. En consecuencia, el presidente Juan Manuel Santos, levantó la orden de suspender los bombardeos contra campamentos de las FARC, mientras que los guerrilleros argumentaron que se trató de una acción defensiva, toda vez que respondieron “a la incoherencia gubernamental de ordenar operativos contra una guerrilla con la que está en tregua”.